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Resolución de 4 de marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Redondela-Ponte Caldelas a practicar el asiento de presentación de una instancia por la que se solicita la suspensión del plazo para recurrir una notificación publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

2026-06-17 · Quanture Asesores

Resolución de 4 de marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Redondela-Ponte Caldelas a practicar el asiento de presentación de una instancia por la que se solicita la suspensión del plazo para recurrir una notificación publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

BLOQUE 1 — QUÉ HA PASADO La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) ha resuelto un recurso interpuesto contra la negativa de una registradora de la propiedad a practicar el asiento de presentación de una instancia. Dicha instancia solicitaba la suspensión del plazo para recurrir una notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La DGSJFP ha confirmado la decisión de la registradora, argumentando que la solicitud de suspensión de plazos procesales o administrativos no es un acto inscribible en el Registro de la Propiedad, ya que este registro tiene por objeto la inscripción de derechos reales sobre bienes inmuebles y no la gestión de plazos procesales.

BLOQUE 2 — POR QUÉ IMPORTA Esta resolución es crucial porque clarifica los límites de la función del Registro de la Propiedad y su ámbito de actuación. Subraya que el Registro no es una herramienta para la gestión de plazos administrativos o procesales, ni para la interrupción o suspensión de los mismos, incluso cuando la notificación original tenga implicaciones sobre bienes inmuebles. Para empresas y profesionales, esto significa que no se puede utilizar el Registro de la Propiedad como un mecanismo para dilatar o gestionar plazos de recursos administrativos o judiciales, debiendo recurrir a los cauces procesales o administrativos específicos para tales fines. La resolución refuerza la seguridad jurídica al delimitar claramente las competencias registrales y evitar un uso indebido del sistema.

BLOQUE 3 — QUIÉN SE VE AFECTADO Se ven afectados principalmente profesionales del derecho como abogados, procuradores y asesores jurídicos, así como empresas y particulares que gestionan procedimientos administrativos o judiciales con implicaciones sobre bienes inmuebles. También impacta a los registradores de la propiedad, al reafirmar su criterio de calificación y la interpretación restrictiva de los actos inscribibles.

BLOQUE 4 — QUÉ HACER Es fundamental que los profesionales y empresas se aseguren de utilizar los canales adecuados para la gestión de plazos procesales y administrativos, evitando intentar inscribir actos no registrales en el Registro de la Propiedad. Deben familiarizarse con las normativas específicas de cada procedimiento para la suspensión o interrupción de plazos, y no depender del Registro para estas gestiones.

Fuente: BOE — Disposiciones generales

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