BLOQUE 1 — QUÉ HA PASADO La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha publicado una Resolución con fecha 25 de mayo de 2026, que actualiza los valores del terreno utilizados para calcular la base imponible del canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico. Esta revisión implica una modificación de los parámetros económicos que sirven de referencia para la determinación de la cuantía de dicho canon, afectando directamente a la carga tributaria asociada al uso de aguas y terrenos de dominio público hidráulico en su demarcación. La medida se enmarca en la necesidad de mantener actualizados los criterios de valoración conforme a la realidad económica y normativa vigente.
BLOQUE 2 — POR QUÉ IMPORTA Esta actualización es crucial porque impacta directamente en los costes operativos y la planificación financiera de las empresas y particulares que utilizan el dominio público hidráulico en la cuenca del Cantábrico. Un incremento en los valores del terreno puede traducirse en un aumento significativo del canon a pagar, afectando la rentabilidad de proyectos y actividades que dependen de concesiones o autorizaciones de uso de agua o de ocupación de terrenos ribereños. La transparencia en estos valores es fundamental para la seguridad jurídica y la previsibilidad económica, permitiendo a los afectados anticipar y presupuestar adecuadamente sus obligaciones.
BLOQUE 3 — QUIÉN SE VE AFECTADO Se ven afectados principalmente los titulares de concesiones y autorizaciones de uso privativo del dominio público hidráulico, incluyendo empresas hidroeléctricas, agrícolas, industriales, turísticas y de servicios que utilizan agua o terrenos adyacentes a ríos y embalses en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. También impacta a profesionales y consultoras que asesoran en materia de aguas y medio ambiente.
BLOQUE 4 — QUÉ HACER Las empresas y profesionales afectados deben revisar urgentemente la nueva tabla de valores publicada por la CHC para evaluar el impacto potencial en sus cánones actuales y futuros. Es recomendable realizar un análisis de costes y, si es necesario, ajustar los presupuestos y la planificación financiera. En caso de dudas o discrepancias, se aconseja buscar asesoramiento jurídico especializado para entender las implicaciones y posibles vías de recurso o adaptación.
Fuente: BOE — Disposiciones generales