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Resolución de 11 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla.

2026-06-16 · Quanture Asesores

Resolución de 11 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla.

Aquí tienes el análisis estructurado del artículo:

BLOQUE 1 — QUÉ HA PASADO La Secretaría de Estado de Justicia ha publicado una Resolución que formaliza un convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), varias Comunidades Autónomas (Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Este acuerdo tiene como objetivo principal la realización de prácticas externas por parte de estudiantes universitarios en Juzgados y Tribunales ubicados en diversas regiones de España, incluyendo aquellas con competencias transferidas en materia de justicia y otras bajo la administración directa del Ministerio.

BLOQUE 2 — POR QUÉ IMPORTA Este convenio es crucial porque establece un marco legal y operativo unificado para la formación práctica de futuros profesionales del derecho, garantizando que adquieran experiencia directa en el funcionamiento del sistema judicial español. Para las empresas y profesionales del sector jurídico, esto significa una mejora en la calidad de la formación de los graduados, lo que potencialmente se traduce en profesionales mejor preparados para incorporarse al mercado laboral. Además, fomenta la colaboración interinstitucional, optimizando los recursos públicos y privados para la capacitación de talento, y asegura una mayor homogeneidad en la experiencia formativa de los estudiantes a nivel nacional, independientemente de su universidad o región.

BLOQUE 3 — QUIÉN SE VE AFECTADO Los principales afectados son los estudiantes universitarios de grados relacionados con el derecho y las ciencias jurídicas, las universidades que imparten estas titulaciones (especialmente la UNED y otras que puedan adherirse), los Juzgados y Tribunales de las Comunidades Autónomas participantes y las administraciones públicas implicadas. Indirectamente, también impacta en los despachos de abogados, asesorías jurídicas y departamentos legales de empresas, que se beneficiarán de un pool de talento mejor formado.

BLOQUE 4 — QUÉ HACER Las universidades y estudiantes interesados deben revisar los términos específicos del convenio para conocer los requisitos y procedimientos de acceso a estas prácticas. Las instituciones judiciales deben prepararse para acoger a los estudiantes, asignando tutores y definiendo las tareas a realizar.

Fuente: BOE — Disposiciones generales

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